Después de los años 80 donde muchas dictaduras militares en América Latina llegaron a su fin, desde entonces se han venido realizado elecciones periódicas de representantes para legitimar a los funcionarios que ocupan los cargos públicos, se han realizado de manera sistemática con financiamiento público a los partidos políticos . En México antes del año 2000, a pesar de no considerarse dictadura militar, sí teníamos un partido político hegemónico que no había dejado el poder desde su creación en 1929, el P. Generalmente, los personajes que sustituían al presidente que terminaba su mandato, eran funcionarios que habían ejercido el cargo de secretarios de gobernación.
Con la falta de credibilidad en el proceso electoral mexicano, surgió la necesidad de legitimar dicho proceso, por lo que se creó un organismo de carácter autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE), institución que desde 1990 se ha encargado de organizar las elecciones en nuestro país y que por tal motivo ha demandado una gran cantidad de dinero público para su funcionamiento.
El dinero público destinado a mantener el sistema electoral mexicanos se ha justificado durante décadas por el hecho de que son los partidos políticos los medios para luchar por el poder de forma pacífica y civilizada, porque el financiamiento público pretende evitar que las campañas sean financiadas con dinero ilícito proveniente del narco, o de las grandes corporaciones a cambio de prebendas, y porque se requiere un organismo descentralizado que nada tenga que ver con el gobierno en turno para organizar las elecciones de manera imparcial.
Sin embargo, a pesar de la existencia de dicho instituto, muchas de las contiendas electorales en México han estado llenas de irregularidades como la compra de votos, el fraude, el acarreo, el clientelismo, entre otras. Los resultados de estas contiendas no has sido suficientemente satisfactorios como para asegurar que el nuestro sistema electoral funciona realmente. La baja aceptación de los representantes electos ha traído consigo una crisis de legitimidad, sobre todo en las dos últimas elecciones presidenciales de 2006 y 2012.
A ello hay que sumarle que en diciembre de 2012, los tres partidos más fuertes como el PRI, PAN y PRD junto con el presidente en turno se involucraron en lo que se conoce como "Pacto por México". La finalidad fue negociar una serie de decisiones y acuerdos entre la presidencia de la República junto a las cúpulas de los partidos y no en las cámaras de representantes como debió ser. Con ello, la cualidad de partidos de oposición fue fuertemente cuestionada y la democracia mexicana cayó en duda.
Mientras esta credibilidad y legitimad va a la baja, el financiamiento público a los partidos políticos e instituciones encargadas de realizar los procesos electorales sigue creciendo. Por ello cabe preguntarnos ¿Cuánto dinero público federal se destina al sistema electoral en México? Y ¿que tan caro resulta dicho sistema electoral mexicano en comparación con algunos otros países del continente?
Realzando una comparación, observamos que el presupuesto para el gasto electoral en el 2009 fue de 21 mil 887 millones de pesos, superando a los 21 mil millones que se asignaron a la UNAM y acercándose al presupuesto de 32 mil 916 millones de pesos aprobados para Seguridad Pública en ese mismo año. Si profundizamos otro poco más, vemos que las elecciones del año 2000 y 2004 fueron las más costosas de América Latina y de una lista de 36 países tanto de Asia, África y Europa, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)
Considerando que la mayor parte de recursos públicos asignados al sistema electoral se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este trabajo se pretende analizar el gasto federal para el sistema electoral mexicano que abarca al INE, los partidos políticos nacionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (FEPADE). Finalmente, haremos comparativo con otros países del continente.
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN ¿Donde se decide en qué se gasta el dinero de los ciudadanos?
Siguiendo a Stiglitz, existen algunos mecanismos para asignar los recursos públicos que son un poco más complejos que el de los bienes privados. “El gasto de los bienes públicos se decide a través de un proceso político, a diferencia del gasto en bienes privados convencionales, que se decide a través del sistema de precios “. (Stiglitz, 2003)
Cuando se habla de la asignación de recursos públicos se toma en cuenta que los ciudadanos eligen a unos representantes mediante un sistema de votación, los cuales a su vez aprueban o rechazan un presupuesto público elaborado por el representante del poder ejecutivo que también fue elegido mediante el voto de los ciudadanos. La complejidad de este proceso radica en que es el congreso el que aprueba en que se gastará el dinero de los ciudadanos, a diferencia del gasto en bienes privados donde cada persona decide en qué gastar su propio dinero.
El mismo Stiglitz es consciente de este problema y nos dice que “es difícil tomar decisiones colectivas, ya que cada persona tiene, por ejemplo una opinión diferente sobre la cantidad que debe gastarse en bienes públicos” (Stiglitz, 2003) la diferencias de opinión radica en que a veces se tienen simplemente gustos diferentes y otras por el nivel de ingresos de las personas.
En el caso mexicano, el gasto público en el sistema electoral y en los partidos políticos se define desde la aprobación o rechazo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ello depende de que la Cámara de diputados apruebe el proyecto presentado por el poder ejecutivo. La única injerencia que los ciudadanos pueden tener en este proceso, es el haber elegido representantes que decidirán por ellos. De esta manera, mientras no exista una forma de gobierno diferente al modelo de representación, el proceso electoral resulta importante para la distribución del gasto público en el sistema electoral, por ello es necesario estudiar el marco jurídico que regula este tipo de gasto.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento jurídico, financiero, de política económica y social aprobado mediante decreto de la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo Federal que comprende las provisiones por concepto de gasto corriente, de capital, de servicio de la deuda pública destinada fomentar las actividades económicas y sociales. El monto destinado al gasto público deberán realizarlo las secretarías de estado, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fondos y fideicomisos públicos. (Ayala, 2001)
La constitución establece en su artículo 74 fracción IV que cada año el Ejecutivo federal debe entregar antes del 8 de septiembre su iniciativa de ley de Ingresos y su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) así como los criterios generales de política económica. Los diputados deberán aprobar o rechazar el PEF antes del 15 de noviembre de cada año.
A través del ramo 22 del PEF, el Gobierno Federal asigna los recursos presupuestarios al INE para que realice sus funciones encomendadas en la Constitución y en su Ley reglamentaria. De ahí, el presupuesto es distribuido hacia los gastos de operación del INE, y las prerrogativas a los partidos políticos nacionales.
EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO
El financiamiento a los partidos políticos en México se estableció en 1977 pero no se especificaba ni los montos ni la forma de distribución, sino que era la Secretaria de Gobernación que a través de la Comisión Federal Electoral quien de manera discrecional interpretaba el ordenamiento. El marco jurídico de los partidos políticos en materia de financiamiento público se encuentra en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el párrafo segundo se establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
En la fracción I de este artículo se define a los partidos como entidades de interés público, que tienen por fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
En la fracción II del mismo artículo se establece que:
"La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos permanezcan sobre los de origen privado". (Reyes, 2015)
La fórmula para el financiamiento de los partidos políticos se establece en el párrafo dos de la fracción II del artículo 41.
“El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico”
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad resultante de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político para las actividades ordinarias de ese mismo año, cuando sólo se elijan diputados federales equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda a cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de lo que resulte por lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos de forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. (Reyes, 2015)
Aunque no profundizaremos en ello, cabe mencionar que el financiamiento estatal para los partidos locales siguen el mismo patrón pero considerando el salario mínimo de cada entidad. Los partidos locales reciben el financiamiento que cada estado destina para ellos, pero además, los partidos nacionales que tienen presencia en el ámbito estatal, también pueden recibir prerrogativas federales desde su comité nacional. (Rodríguez, 2010; 29)
Excluyendo el financiamiento estatal para los partidos políticos locales, tenemos que del año 2000 al 2015, el financiamiento federal para los partidos políticos nacionales fue de 54 mil 728.8 mdp. En el año 2000 se destinaron 3 mil 064 .1 mdp, mientras que en 2015 se aprobaron 5 mil 474.1 mdp que se repartieron de la siguiente forma:
Fuente: INE 2015
Durante el periodo 2000 – 2015 han existido 19 partidos nacionales en México, 10 de ellos han permanecido tienen representación en el Congreso y han obtenido en estos 15 años un financiamiento de 52 mil 336.0 mdp. Y los 9 partidos restantes no alcanzaron o perdieron su representación en el Congreso, obtuvieron un financiamiento público agregado de 1 mil 894 mdp. (Reyes, 2015: 31)
Considerando el 2012, año electoral más reciente donde se eligieron diputados, senadores y presidente de la República, y si contemplamos el financiamiento público total para partidos políticos tanto nacionales como locales, el monto se eleva considerablemente y nos arroja los siguientes resultados:
Financiamiento público total a partidos políticos 2012
Financiamiento federal:
$5,344, 875,635.09 mdp.
Financiamiento local :
$3,984, 927,015.14 mdp.
Total:
$8,629, 802,650.23 mdp.
Fuente: (Padilla, 2014)
Para tener una idea más clara y una comparación con otras instituciones a las cuales se les asignan recursos públicos observemos cómo en 2012 los partidos políticos recibieron más de 8 mil millones de pesos, mientras que el Instituto Politécnico Nacional (IPN)recibió apenas 2 mil 119 millones de pesos. (La jornada, 3 de septiembre 2012). La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió en ese mismo año la cantidad de 5 mil 400 millones de pesos. (La jornada, 4 de diciembre 2012). Es decir, el presupuesto público asignado a la Universidad UAM y al IPN juntos es menor que el presupuesto público asignado a los partidos políticos para el 2012.
La idea no es llegar a conclusiones simplistas diciendo que es mejor eliminar el presupuesto público para los partidos políticos, pero se trata de hacer una reflexión sobre los gastos en el sistema electoral para identificar si existen rubros donde se podrían realizar reducciones sin afectar el funcionamiento del mismo.
Una de los principales argumentos en defensa para el financiamiento público es que con estos recursos se evita el financiamiento con dinero privado, legal o ilegal. Sin embargo, este argumento es muy ambiguo, ya que el hecho de contar con recursos públicos no garantiza la exclusión de recursos privados en las campañas.
EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE
Instituto Federal Electoral (IFE) surgió en 1990 como organismo público autónomo y sus funciones o atribuciones se han modificado de acuerdo a las reformas electorales de 1994, 1997, 2000, 2007 y en 2012 cuando el IFE se transformó en INE.
El INE es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales y las locales en coordinación con los organismos estatales. Así mismo se encarga de distribuir los recursos para los partidos políticos nacionales, expedir las credenciales de elector, actualizar el padrón electoral, brindar capacitación, educación para el ejercicio democrático, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, entre otras.
En un periodo de 2000 a 2015 el INE ha recibido ingresos del erario público por 157 mil 906.6 mdp. En el año 2000 se le asignaron 8 mil 300.6 mdp, en el 2015 su financiamiento ascendió a 18 mil 572 mdp (Reyes, 2015). Si hacemos un pequeño ejercicio y restamos de esta cantidad la prerrogativa que el INE ha asignado a los partidos políticos nacionales mencionada anteriormente, del 2000 al 2015 el INE ha ejercido un presupuesto de 103 mil 178 mdp.
Una de las reformas importantes fue la del 2007, donde se ajustó la fórmula para el financiamiento a los partidos y se prohibió la compra de espacios en televisión, lo que obligó a los partidos a usar solo los tiempos oficiales en radio y televisión que tiene el estado y que el INE se encarga de distribuir. Con estos cambios se pretendía disminuir el gasto público en materia electoral, pero las cosas no fueron así, si tomamos en cuenta que en el 2006 el presupuesto público asignado al INE (incluyendo la prerrogativa a los partidos) fue de 11 mil 801.4 mdp y en el 2012 ya aplicando los cambios de la reforma el presupuesto subió a 15 mil 594.1 mdp.
Por otro lado, los gastos en sueldos y salarios para el personal del extinto IFE y ahora INE ha sido creciente, pasando de representar el 33% del gasto en años previos a 1999, a casi 45 % para el periodo 2000-2009 y para colocarse en casi 50% para 2010. El gasto en sueldos y salarios para los altos mandos del INE resulta elevado aún comparándose con los sueldos y salarios de otras instituciones donde ya se consideran altos como por ejemplo los la Secretaría de Hacienda (SHCP). Veamos la tabla que se muestra a continuación para darnos una idea del tamaño de los sueldos.
Sueldo anual bruto en diversas instituciones para el 2010 en Pesos
CARGO
Percepción bruta anual
Presidente de la SCJN
5,989,489
Consejero Presidente y Electoral del IFE
3,816,392
Secretario General del Poder Legislativo
3,517,277
Presidente de la República
3,324,819
Secretario de Hacienda
3,273,593
Presidente de la CNDH
3,149,160
Magistrado superior del TEPJF
2,887,601
Fuente: Mena, 2010)
Como se puede observar en el cuadro anterior, los sueldos de los mandos altos en las dependencias del gobierno son significativos, pero el hecho de que en el país con el salario mínimo más bajo del continente las percepciones salariales del consejero presidente del IFE ganen más que el presidente de la República es preocupante. En 2010 se pagaba más al consejero Presidente del IFE que lo que en Alemania se paga a su Canciller Ángela Merkel, cuyas percepciones en pesos equivalen a 3 mil 300 millones. No resulta sencillo aceptar tal monto de dinero si tomamos en cuenta que Ángela Merkel ocupa el segundo lugar en el Ranking de los líderes mundiales mejor pagados solo detrás de Barack Obama (CNN, 11 de marzo 2015).
Los datos son de 2010, sin embargo, de acuerdo a una solicitud realizada por el diario 24 horas, se muestra que para el 2015 los 11 consejeros del INE, cuentan con un total de 134 asesores cuyos sueldos van de los 10 mil a los 200 mil pesos mensuales, entre ellos se encuentra Félix Zamora López, quien tiene estudios de secundaria y trabaja como asesor del Consejero Marcos Bolaños. (24 horas, 2015)
Estamos de acuerdo en que el financiamiento público se destine para el proceso electoral y quizá para los partidos políticos en cierto grado, pero destinar casi el 50% para sueldos y salarios me parece digno de una revisión a fondo. A estos sueldos hay que sumar también los del contralor General del IFE que asciende a 3, 127,523, el de Coordinador de Asesores del Consejero Presidente $2, 724,841, el de secretario particular del Consejero Presidente $2, 724,841. Mientras que los niveles bajos del IFE como los especialistas Técnicos ganan alrededor de $145, 000 por año. (Mena, 2010)
Otro de los argumentos del INE para solicitar este altísimo presupuesto son los gastos de operación. Ellos dicen que se requieren muchos recursos para los materiales electorales como las boletas, impresión y distribución de listas nominales, casillas instaladas, capacitadores y supervisores electorales. Sin embargo, creemos que este gasto no es muy significativo comparado con los rubros mencionados anteriormente. Veamos el ejemplo de los gastos en el año 2009 cuando hubo elecciones intermedias:
Concepto
Cantidad
Impresión y distribución de listas nominales
$31 millones 545 mil
Almacenamiento y distribución de documentación
$35 millones 936 mil
Equipamiento de casillas
$23 millones 899 mil
Impresión de documentación electoral
$65 millones 672 mil
Capacitadores y asistentes electorales + supervisores electorales
$466 millones 160 mil
Total
$623 millones 212 mil
Fuente: (Mena, 2010)
Está claro que en este rubro no se alcanza ni siquiera los mil millones y para ser más drásticos aún, el gasto en este rubro resulta menor que los 1200 millones aprobados para la construcción de sus nuevas instalaciones en 2016, lo que quiere decir que la mayor parte del gasto público en materia electoral se concentra en los sueldos del Instituto Nacional Electoral y en el monto entregado a los partidos políticos.
Lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial, a pesar de la complejidad de sus funciones, ejerce un gasto menor que no se compara con el del INE o con el de los partidos. Del año 2000 al 2015, al TEPJF se le han asignado 26 mil 600.8 mdp y para tomar en cuenta el año 2012 donde hubo elección para presidente de la República, senadores y diputados, su presupuesto fue de 2 mil 309. 0 mdp (Reyes, 2015)
De igual manera, la Fiscalía Especializada Para los Delitos Electorales (FEPADE) que es parte de la PGR, ejerce un gasto aún mucho menor. Del año 2000 al 2015 se le asignaron 1 mil 643.9 mdp. Y para el año electoral de 2012 tan solo se le dieron 112.2 mdp
QUE TANTO SE GASTA EN COMPARACIÓN A OTROS PAÍSES
Como ya mencionamos al principio, las elecciones del año 2000 y 2004 en México, fueron las más costosas de América Latina según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para facilitar el entendimiento de las cifras y siguiendo a Kevin Casas en su análisis comparativo, utilizaremos la conversión de las monedas de cada país a su equivalente en dólares estadounidenses.
En las elecciones generales de 2011, en Canadá se asignaron alrededor de 100 millones de dólares para los partidos políticos, de los cuales corresponden 5 dólares por votante registrado. En México para el año 2003, donde solo hubo elecciones intermedias, los partidos recibieron del dinero público un aproximado de 447 millones de dólares, lo que equivale a 6.9 dólares por votante registrado.
Hay que tener cuidado con el manejo de las cifras, ya que si se divide el gasto total asignado a los partidos entre al número de votantes registrados en el padrón electoral el gasto por votante no parece tan exagerado, pero si el gasto se divide entre el número de votos emitidos, nos resulta un número exorbitante. Así tenemos que para la elección mencionada en 2003, el gasto por voto emitido resulta ser de 17.3 dólares, lejos de los 6.9 dólares que resultan si se divide entre el total del padrón electoral.
Veamos la siguiente tabla comparativa donde solo se incluye el gasto asignado a los partidos, pero no se toma en cuenta el gasto de operaciones del INE, TEPJF, ni de la FEPADE.
Fuente: (Casas/Zovatto, 2015:86)
En esta serie de datos, México es el único que supera los 5 dólares por votante registrado, pero insistimos en que el monto se elevaría a 17.3 dólares si tomamos en únicamente los votos depositados en las urnas. Algunos argumentan en contra de esta idea diciendo que el sistema electoral, bien o mal, con virtudes y defecto, pero está ahí; que la gente es la que no sale a ejercer su derecho al voto. Pero hay que3 considerar que si la gente no vota se debe a una infinidad de razones, una de ellas es la falta de confianza en las propias instituciones, veamos otras cifras:
Costo de las elecciones por elector (dólares):
País
Tipo de elección/año
Costo por elector
México
Intermedia /2003
17.24
Argentina
Presidencial /2003
0.41
Brasil
2002
0.29
Colombia
2012
1.95
Fuente: (Mena, 2010)
Los números hablan por sí solos, México está superando por mucho a estos países de América Latina en cuanto al gasto en el proceso electoral, a pesar de que ha mostrado muchas deficiencias. Sobre todo en las últimas dos elecciones presidenciales, 2006 y 2012, donde la rebatiña por el poder salió del control del INE, donde algunos partidos violaron la ley varias ocasiones obteniendo por ello solo pequeñas multas. O peor aún, donde existe un debate sobre el posible fraude electoral en 2006, que se vio marcada por la intervención del presidente, del sector empresarial y de las televisoras para opacar a un candidato e impulsar la candidatura de otro.
Por ello consideramos que el aumento del gasto no se ha traducido en un aumento de la calidad en las elecciones mexicanas.
CONCLUSIONES
Como no estoy de acuerdo en decir que México vive en una democracia por el simple hecho de tener votaciones. Me limitaré a decir que este trabajo se enfoca a analizar el costo del proceso electoral, cuyo financiamiento público recae en las instituciones como el INE, en los partidos políticos y, en menor medida, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada Para los delitos Electorales (FEPADE).
El gasto público de los mexicanos en su proceso electoral de 2000 fue el más alto de América Latina y a pesar de la reforma de 2007 con la cual se pretendía disminuir el costo del proceso electoral, el presupuesto destinado al INE ha aumentado, pasando de 9 mil 368.1 millones en el año 2000, a 15,473.8 millones de pesos para el 2016 donde se incluye la partida especial para la construcción de su proyecto arquitectónico con costo de 1,200 millones de pesos. (El economista, Nov. 17 2015)
Los consejeros alegaron que las funciones del INE son mucho más amplias y complicadas que las del IFE, y que por esa situación se requiere un presupuesto de tal magnitud. Sin embargo, tomando en cuenta el desprestigio que han tenido las instituciones y la falta de legitimidad de los representantes que resultan elegidos en las urnas a causa de un proceso electoral deficiente, consideramos un gasto exagerado que debe moderarse comenzando por los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios.
No es posible que en el país con el salario mínimo más bajo del continente se encuentre un funcionario del INE que gana más que la Canciller de Alemania, que es la segunda representante mejor pagada del mundo solo detrás de Barack Obama. Y resulta un absurdo que cada consejero del INE este rodeado de otros 15 asesores cada uno y menos aún que algunos de ellos apenas tengan estudios de secundaria.
Consideramos de igual manera que debe replantearse la fórmula para calcular el presupuesto anual. Ahora se calcula multiplicando el 65% del salario mínimo vigente para el DF por el total de votantes registrados en el padrón electoral. Observamos también que el padrón electoral es más alto que la lista nominal, por lo cual un primer paso sería multiplicar el 65% del salario mínimo por el número de votantes de la lista nominal que muestran quienes efectivamente han actualizado sus datos. Y más a fondo todavía, se debe considerar el porcentaje de votos emitidos realmente en las pasadas elecciones y sacar un promedio para calcular el presupuesto basándose en los votos realmente depositados en las urnas y no en un padrón electoral donde se encuentran demasiadas personas que tramitan su credencial solo para contar con una identificación oficial y no para ejercer el voto realmente.
Otro aspecto importante es a distribución de recursos entre los partidos político, ya que como se vio en los daos anteriores, solo el 30 % de las prerrogativas para los partidos se distribuyen de manera equitativa, y el 70% restante se reparte con desventaja para los partidos nuevos que aún no tienen representante en las cámaras y con un amplio margen de ventaja para los partidos viejos que ya son conocidos y que han obtenido mayor porcentaje de votos con anterioridad. Creemos que la distribución debe de darse equitativamente sobre el 100% de los recursos
BIBLIOGRAFÍA
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Mena Rodríguez, (2010), “¿Cuestan demasiado las elecciones en México?, El Instituto Federal Electoral en Perspectiva”, México, CIDE.
La Jornada en línea:
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/03/sociedad/049n1soc
Diario 24 Horas en línea:
http://www.24-horas.mx/asesor-del-ine-gana-mas-que-gobernadores-documento/
El Economista en línea:
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/11/17/ine-asegura-presupuesto-construccion-nueva-sede
Padilla Macayo, (2014), Financiamiento total en México y América Latina, 2012, 2013,3014, México, UAEM.
Reyes Tepach, Marcial, (2015), “El financiamiento público federal para las actividades electorales y los partidos políticos nacionales de México, analizado desde un enfoque orgánico, 2000 – 2015”, México, LXII Legislatura, Cámara de Diputados.
Rodríguez Camacho, Saúl E., (2010), “Financiamiento público a partidos nacionales en el Ámbito estatal, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Stiglitz, Joeph, E. (2003) La economía del sector público, Estados Unidos, Universidad de Columbia, Tercera edición, Barcelona, Antoni Bosch Editor.
Zovatto, Daniel, (2015), El costo de la democracia. Ensayos sobre el financiamiento político en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
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