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El movimiento estudiantil de 1999-2000 en la UNAM ha sido expuesto por diferentes medios como un conflicto interno causado por el aumento del costo de las colegiaturas, y que al no ser resuelto por las autoridades universitarias se tuvo que usar la fuerza pública para terminarlo. Esta es una visión simplista que no refleja los alcances reales del movimiento.
La incapacidad del Rector de la Universidad para solucionar el las demandas de los estudiantes desde el inicio de la Huelga, provocó que el panorama se volviera gris incluso para los gobernantes de los tres niveles, Delegacional, de La Ciudad de México y Federal. Los dos primeros, mostraron que no tienen decisiones propias y que siguen subordinados al mandato del presidente, y éste a su vez, dejo claro que su actuación respecto a las demandas del pueblo están subordinadas al “plan de desarrollo” (Desarrollo como lo entienden los adeptos del capitalismo) neoliberal impulsado desde las instituciones financieras globales como el Banco Mundial.
Por ello cabe preguntarnos: ¿Cómo influyó la problemática de la relación entre los tres niveles de gobierno en el tratamiento gubernamental que se le dio al CGH en el conflicto universitario de 1999-2000? ¿La actuación de los gobiernos, Federal (GF) y del Distrito federal (GDF), relacionados en mayor medida con el conflicto de la UNAM en 1999-2000, fue causada por la aplicación de las políticas neoliberales impuestas desde las instituciones financieras globales como el Banco Mundial?
El intento del GDF y la delegada de Coyoacán por deslindarse del conflicto estudiantil de la UNAM en 1999-2000 y su actitud represiva durante las manifestaciones de los huelguistas por las calles de la Ciudad de México, se debió en primera instancia a que en nuestro país sigue vigente el presidencialismo establecido desde 1824. De esta forma su función fue apoyar al GF en la aplicación de los cambios estructurales que afectaron a la Universidad enviando policías y granaderos para tratar de impedir las manifestaciones de los estudiantes. A su vez, el gobierno federal demostró que su capacidad de negociación y toma de decisiones está limitada a la aplicación de las políticas neoliberales en materia de educación superior impuestas desde las instituciones globales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la UNESCO entre otras. La cláusula de condicionalidad del Banco Mundial obliga a los gobiernos de países periféricos como México al cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a los créditos, de los cuales el país se ha vuelto dependiente.
Una visión general del conflicto
El 15 de marzo de 1999 el rector Francisco Barnés de Castro junto con el Consejo Universitario (CU) aprobó en unos cuantos minutos el Reglamento General de Pagos (RGP) que estableció el aumento en el monto de las colegiaturas de la Universidad. Esta decisión llevó a que los estudiantes inconformes crearan el Consejo General de Huelga (CGH), que emplazaría al paro con fecha límite del 20 de abril de 1999.
El CGH se organizó al margen de los principales partidos políticos del país en asambleas que guiaban el movimiento sin cabezas visibles. (Moreno, 2011:184). En un inicio la petición era derogar el RGP, pero se sumaron algunas otras como derogar las reformas de 1997 y la desvinculación de la UNAM con el CENEVAL. El pliego petitorio se ampliaría a 6 puntos y a uno más que solicitaba la liberación de todos los presos cuando entró la PFP a las instalaciones.
La huelga de 1999-2000 se convirtió en la más larga del la historia de la UNAM. Se hicieron varias propuestas para buscar una salida al conflicto, sin embargo el CGH las rechazó por carecer de soluciones. Desde el gobierno se acusó al rector Barnes de ineptitud y se presionó para que presentara su renuncia. El candidato puntero para suplirlo era Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaria de Salud hasta que fue nombrado rector el 19 de noviembre de 1999, solo 7 días después de la renuncia de Barnés. (Rodríguez, 2000: 14).
El 5 de enero de 2000, Juan Ramón De la Fuente planteó la suspensión del RGP, el retiro de actas y sanciones en contra de participantes en el movimiento de huelga, con excepción de las penales que son del fuero federal y la interrupción de las relaciones de la UNAM con el CENEVAL. Mientras que las reformas de 1997 sobre pase automático y permanencia se mantenían intactas y no había marcha atrás, también se acepta la realización de un Congreso Universitario, una vez levantada la huelga. El 6 de enero de 2000, el Consejo Universitario aprobó esta propuesta del rector, la cual fue calificada por la Comisión de Prensa y Propaganda del CGH como una "... burla e inadmisible a casi 9 meses de huelga, porque no resuelve las demandas del pliego petitorio". (Sotelo, 2000: 50)
La reacción del CGH ante la propuesta de las autoridades fue negativa, por lo que el rector implementó un plebiscito donde se llamaba a la comunidad universitaria a opinar si estaban de acuerdo con levantar el paro, mismo que utilizaron para tratar de justificar la intervención de la fuerza pública. El 6 de febrero del 2000 entró la PFP a las instalaciones de la Universidad violando la Autonomía de la misma, y violando el código de procedimientos penales al entregar a los detenidos a la PGR y no al MP como debió ser. (Rodríguez, 2000: 19).
En el mitin del 2 de octubre del 2000, el CGH hacía referencia al poder del presidente, refiriéndose a Juan Ramón de la Fuente como enviado directo de Zedillo.
“No olvidamos que fue impuesto en la rectoría de la UNAM como enviado directo de Zedillo, con la misión de aplastar la lucha del movimiento estudiantil encabezado por el CGH (…)No olvidamos el fraudulento plebiscito que organizó junto con la Secretaría de Gobernación y sus cómplices perredistas del grupo Universidad” (CGH, 2000).
Es evidente que el movimiento había trascendido a las autoridades universitarias y que a esas alturas reflejaba la falta de gobernabilidad en ambos niveles de gobierno. El hecho de que el rector Francisco Barnés fuera presionado por el gobierno para renunciar y que en su lugar se impusiera un funcionario público, miembro del gabinete de Ernesto Zedillo, nos hace pensar en la importancia que había adquirido el movimiento.
La relación entre los tres niveles de gobierno involucrados en el conflicto y el presidencialismo imperante en México.
La relación que existe entre el gobierno de la ciudad de México y el gobierno federal deviene de la larga historia del presidencialismo en México. Desde la primera constitución del México independiente en 1824 se configuró la relación entre los poderes políticos, basándose en un sistema presidencial que a pesar de haber pasado por los procesos de centralismo y federalismo, se dio y prevaleció hasta nuestros días la supremacía del presidente por sobre los gobiernos estatales. (Carpizo, 1976).
Una de las facultades que prevalece en es la capacidad que tiene el presidente para remover a los secretarios de Estado, situación que se dio cuando Ernesto Zedillo removió a Juan Ramón De La Fuente, Secretario de salud, para imponerlo como Rector de la UNAM en sustitución de Francisco Barnés.
Previo a la huelga de la UNAM pudimos ver algunos cambios estructurales en el aparato estatal, uno de ellos y el más importante fue la llegada Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno local en el año de 1997, surgido de las filas del PRD, un partido supuestamente de izquierda.
Por primera vez, al GDF llegó un gobernante electo en una contienda electoral, y no fue impuesto como cuando el presidente designaba un regente. Sin embargo, la subordinación del gobierno local al federal no desapareció. Eran dos años de jefe de Gobierno contra 71 años de existencia del Departamento del Distrito Federal donde el Regente dependía directamente del Presidente de la República. Recordemos que “desde 1928, el gobierno de la Ciudad de México era competencia del presidente y ejercía el gobierno del DF a través del Departamento del Distrito Federal bajo la responsabilidad de un Regente”. (Anaya, 1998:95).
Lo mismo pasaba con los delegados, que en 1999 aun no podían ser votados, eran designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el año 2000 obtuvieron esa facultad, pero aun así siguieron siendo “delegados”, es decir que su poder es delegado y no legitimado por medio del voto. (Anaya, 1998:87). Por ello, la delegada de Coyoacán en 1999 Laura Itzel Castillo, se limitó a obedecer órdenes de Rosario Robles jefa degobierno suplente de Cuauhtémoc Cárdenas, que renunció para perfilarse como candidato presidencial en las elecciones de julio del 2000, apoyándola incondicionalmente para la represión del 14 de octubre, la cual mencionamos más adelante.
El Contexto político – económico en México y su relación con la huelga de la UNAM.
Hacia finales de 1998, el proyecto de Presupuesto de la Federación se proponía reducir en 6.8% en los presupuestos de cinco instituciones, entre ellas la UNAM, la cual se vería afectada en términos reales con una reducción de 5%, convirtiendo en el presupuesto más bajo en la historia de la Universidad. (López Leyva, 2008:549). Esto no era nuevo, el presupuesto se había ido reduciendo años atrás, así por ejemplo en 1994, era de 8 mil 593.6 millones de pesos, en 1999 de 7 mil 212 millones. (Rodríguez Gómez, 2009). Esta reducción tenía que ver con un plan formulado desde instituciones financieras globales al cual haremos referencia en otro capítulo.
En octubre de 1999, el CGH realiza una consulta ciudadana donde una de las cinco preguntas realizadas se refería al presupuesto que otorga del gobierno a la educación: “¿Consideras que para garantizar la educación pública y gratuita, el gobierno federal debe aumentar el presupuesto a la educación hasta alcanzar el 12% del PIB?” (Moreno, 2011:95)
Diódoro Carrasco, sucesor de Labastida en la SEGOB, declaró que el asunto en la UNAM “dejó de ser un asunto entre universitarios y se convirtió en un asunto de Estado”. En octubre, el mismo Labastida, declaraba en tono más enérgico que “los paristas recibían armas del Ejército Popular Revolucionario EPR” (López Leyva, 2008:554).
En un inicio, el CGH parecía tener como aliado al Partido de la Revolución Democrática. Pablo Gómez, diputado y presidente interino del PRD acusó a Zedillo y a Barnés de estar apostando a una solución violenta tal como ocurrió en el 68. Por su parte, Francisco Barnés acusó a Cárdenas directamente de interferir en la vida universitaria y de usar fondos del erario público para financiarlos. (López Leyva, 2008:549). En los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México no apoyaba al CGH, por el contrario se encargó de intentar dividir el movimiento y se limitó a reprimir sus manifestaciones apelando al libre tránsito de vehículos.
Rosario Robles, Jefa de Gobierno sustituta, se deslindaba del movimiento exhortando a la rectoría a asumir su responsabilidad y no “intentar involucrar a un gobierno ajeno al conflicto” (López Leyva, 2008:554). El CGH terminó distanciándose del PRD y del gobierno capitalino, lo presentó como enemigo de su causa comparable a cualquier otro.
Después de la represión del 14 de octubre orquestada por el gobierno del DF después de una manifestación realizada sobre el periférico en el tramo que va de TV Azteca a Televisa, el CGH pidió la renuncia de Rosario Robles (El Universal, 2000) y la declaró persona no grata en la UNAM. (Moreno, 2011:94). Luis Javier Garrido, Doctor en Ciencia Política, afirmó que “las autoridades del Distrito Federal se decidieron a confrontar por la vía policiaca los mítines y marchas del CGH y a reprimirlas con toda la fuerza del Estado” (Torres, 2009). La entonces estudiante de la preparatoria No. 5 Alejandra Pineda nos explica lo que vivió en carne propia:
“Las fuerzas del orden arremetieron sin miramiento alguno contra quien se encontraba a su paso (…) veo al primer granadero frente a mi golpeando a un maestro de la FCP y S, al ver la sangre me asusté (…) yo me quede ahí sola con la manta. De ahí no recuerdo nada, hasta que desperté por primera vez y miré a mi hermano abrazándome bañado en sangre, La segunda vez que desperté estaban todos los de la prepa llorando.”
La actuación que los dos niveles de gobierno tuvieron respecto al movimiento estudiantil demostró que fueron incapaces de solucionar el conflicto por la vía de la negociación, aplastaron el movimiento intentando abrir paso a los ajustes promovidos desde el BM de lo que hablaremos más adelante. Por ello pensamos que esta situación demostró que tanto en el gobierno federal como en el local se tiene un problema de gobernabilidad y de gobernanza.
Al respecto nos dice Luis F. Aguilar que “Los nuevos gobiernos (…) han decidido que los mercados son el motor del crecimiento económico y desarrollo social, por lo que operan en un marco de desregularizaciones y privatizaciones” (Aguilar, 2010:8). En ese sentido, la gobernabilidad y la gobernanza requieren que se gobierne mediante la coordinación más que por subordinación, mediante el diálogo, discusión, entendimientos, negociaciones, acuerdos y compromisos. (Aguilar, 2010:31) Cosa que no se hizo respecto al conflicto de la UNAM.
Las políticas neoliberales del Banco Mundial en materia de educación superior y la cláusula que condiciona a los gobiernos para su aplicación.
El movimiento estudiantil no solo desafió y denunció la política interna sobre el cobro de cuotas, sino también el intento de insertar la educación superior en la lógica mercantilista. Como bien lo menciona el investigador Adrián Sotelo: “las políticas neoliberales inciden en la reestructuración de la educación y de la universidad en la lógica del mercado y de la ley de oferta y demanda que conviene a los "particulares", especialmente, a los empresarios” (Sotelo, 2000: 23)
En un contexto global, las instituciones financieras como el BM, el FMI, la OCDE, y la UNESCO entre otras, han diseñado un “plan de desarrollo” dentro del modelo capitalista, que requiere de ajustes estructurales dentro de los países periféricos como los de América Latina. Para la realización de dichos ajustes, es necesaria la participación del presidente de la República, quien tiene poder sobre los otros niveles de gobierno y mayoría en ambas cámaras (Diputados y Senadores) al menos una mayoría relativa. Entre los cambios estructurales que pretenden, se encuentran los que se relacionan con la educación superior, para ello, se requiere de un presidente con poder suficiente como para interferir en la vida de la Universidad, que pueda violar incluso la autonomía e imponer al propio rector, como sucedió con Juan Ramón de la Fuente. A cambio del apoyo del gobierno, estas instituciones otorgan créditos para los países que dependen del endeudamiento para evitar colapsos económicos, como el caso de México. Al Decir de Medialdea:
“América Latina es un claro ejemplo de zona periférica donde las “recomendaciones” de los organismos internacionales se tornan sin disimulos en explícitas imposiciones. Esto es debido a la condicionalidad de los créditos que estos organismos les conceden y de los que los países latinoamericanos en teoría dependen, a la poca autonomía política que los gobiernos tienen para tomar decisiones que contradigan los dictados impuestos desde las organizaciones controladas por el centro del sistema”. (Medialdea, 2003:19)
En la década de los noventa, la educación superior se convirtió en un tema central para las instituciones financieras globales, en algunos países de Latinoamérica se adoptan los planes de ajuste diseñados por el BM y el FMI. México no fue la excepción y la burocracia universitaria solamente facilitó el camino “acatando el programa mundial de la reforma universitaria impulsado por el BM y su brazo ejecutor, el FMI” (Moreno, 2011:12). Sin embargo el descontento de los universitarios derivó en la huelga más larga de la historia de la UNAM con la que se enfrentó y detuvo, al menos temporalmente, este proyecto privatizador.
La imposición de las medidas de los planes de ajuste se hace efectiva mediante una cláusula de condicionalidad, que impone al gobierno del país periférico el cumplimiento de ciertos requisitos para recibir créditos a saber:
“La condicionalidad se refiere a la obligación impuesta por el fondo, a los países miembros que desean recurrir a sus recursos, y adoptar las políticas de ajuste económico (…) El vínculo entre el financiamiento y el ajuste está en el centro de la condicionalidad” (Medialdea, 2003:17).
Uno de los puntos del proyecto neoliberal impuesto consiste en unificar el conocimiento con la productividad de las empresas, principalmente transnacionales. Se pone énfasis en “fortalecer los vínculos entre el mercado y la universidad” y se dice que “La educación superior será juzgada en términos de productos y de la contribución que aporte al desarrollo nacional” (Medialdea, 2003:5). Visto desde esta perspectiva, los programas de estudio de la Universidad resultan inadecuados a la política y al plan de desarrollo que pretende aplicar el BM.
Un segundo aspecto de esta estrategia es la que se refiere a la financiación, es decir, que se deben disminuir los recursos estatales para la educación y complementarse con otros medios. El aumento de las colegiaturas es una forma, pero se pretende también fomentar las actividades empresariales dentro de la estructura universitaria, por ejemplo la impartición de cursos especializados privados a los que solo podrá acceder una población reducida de estudiantes o personas ajenas a la universidad. (Idiomas, informática, gestión empresarial, etc.). Se privatizan los espacios públicos como las cafeterías, los servicios de limpieza, baños, papelerías, etc. (Medialdea, 2003:10)
Dentro de estas estrategias está la de los créditos, una vez que se han establecido colegiaturas, lo que se pretende es otorgar créditos a los estudiantes para poder pagarse sus estudios, se crea así una deuda que se paga a futuro, cuando se tenga un ingreso por medio del trabajo. Este sistema ya se aplica en otras universidades como por ejemplo la de Sonora. (Medialdea, 2003:25)
La huelga de la UNAM 1999-2000, un movimiento social exitoso.
La idea de éxito de la cual nos haba el investigador Miguel Armando López nos lleva a reflexionar si la huelga en la UNAM podría tratarse de un movimiento exitoso o de un éxito parcial. Para determinarlo, nos basamos en la idea de que un movimiento de influencia reactiva como lo es la huelga de la UNAM, consta de dos fases: La expresión de descontento y el veto. Siendo un movimiento exitoso si evita, mediante cualquier repertorio de confrontación la promulgación de una iniciativa. (López, 2012:178).
El movimiento estudiantil cumplió la primera fase, pues se manifestó un descontento. La segunda referente al veto, se logró al menos en el alza de las colegiaturas, que fue la primera de las políticas impuestas por el rector que el CGH quería vetar. Por ello consideramos que se trata de un movimiento exitoso de acuerdo al enfoque mencionado por Miguel Armando López.
Conclusiones
Hemos hecho un recorrido por los escritos de algunos investigadores para tratar de definir el conflicto de la UNAM de 1999-2000 como un movimiento social, que más allá de una huelga o protesta por el pago de las cuotas, se trató de un amplio movimiento que representaba a una capa social que luchaba por la educación pública, no solo exigiendo la gratuidad, sino también, se oponía al plan “de desarrollo” Impulsado desde las instituciones financieras globales antes mencionadas.
Este plan interfiere en la educación superior tratando de ajustarla a los fines del mercado, es decir, se trata de hacer de las universidades una empresa, de producir estudiantes capacitados para el trabajo dejando a un lado el aspecto social de la educación, reducir la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, cambiar la educación en masa por una educación de élite a la que solo unos pocos tengan acceso, se trata de endeudar a toda costa a los estudiantes, como en la universidad de Sonora, donde ya se aplica este sistema, y ahora existen jóvenes que desde los 18 años ya están endeudados y pagando intereses.
Para poder implementar esta estrategia es necesario el apoyo de los gobiernos de los países “en vías de desarrollo” (pongo el término entre comillas porque hace referencia al desarrollo que está en el imaginario del sistema capitalista, y no cuadra con otros modelos de desarrollo alternativos como los que nosotros imaginamos). Como el de México que cuanta con un sistema presidencialista, donde el gobierno federal tiene la el poder de realizar cambios estructurales contando con el apoyo de los gobiernos locales que surgieron de un supuesto partido de izquierda como lo es el PRD, y que además tiene la facultad de interferir en la Universidad, que en teoría goza de autonomía.
La coyuntura política fue un elemento que influyó en el movimiento, resaltó la ineficacia existente en los dos niveles de gobierno ya que optaron por acabar con el conflicto de forma violenta, no por darle solución. Aunado a ello, se encuentran los poderes facticos como las televisoras, que desde el inicio arremetieron con violencia verbal, calumnias y distorsión de los hechos, logrando con eso sembrar la duda entre la población sobre la legitimidad de la huelga. Por ello, afirmamos que un movimiento cuyas demandas pudieron solucionarse dentro de la universidad, se convirtió en una batalla casi imposible de ganar pero que sin embargo, puso a temblar al gobierno y logró ganar al menos dos de los puntos de su pliego petitorio, situación que lo convierte en un éxito.
Cierto que hay errores cometidos por el CGH al no poder ganarse la confianza de toda la comunidad universitaria, cosa que hubiera sido desastrosa para el gobierno e incluso para el sistema. Sin embargo hoy en día a 15 años de haber surgido, prevalece la casi gratuidad en la universidad más importante de habla hispana y se pensará dos veces antes de querer imponer políticas contrarias a los intereses colectivos.
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Carpizo, Jorge (1976) Notas sobre el presidencialismo mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México.
Consejo General de Huelga (1999-2000) Cuarto Manifiesto a la Nación./Intervención del CGH en el mitin del 2 de octubre Documentos extraídos de la página de Internet: http://www.oocities.org/fightgraphiks/textos/huelga.html
López Leyva, Miguel Armando (2012) Los movimientos sociales y su influencia en el ciclo de las políticas públicas. Religión y sociedad/año XXIV/ No 55
López Leyva, Miguel Armando (2008) Los movimientos sociales en la incipiente democracia mexicana. La huelga en la UNAM (1999-2000) y la marcha zapatista (2000-2001). UNAM- Instituto de investigaciones Sociales. México.
Medialdea, Bibiana (2003) Las reformas neoliberales de la educación superior en el mundo. Universidad de Santiago Compostela, Galicia, España.
Moreno Corso, Alejandro Coordinador (2011) El conflicto de la UNAM 1999-2000, Huelga, la rebelión de los paristas. Casa Vargas. México
Rodríguez Araujo, Octavio (2000) El conflicto en la UNAM: Dos concepciones sobre la universidad pública (1999-2000), El caballito, México.
Rodríguez Gómez, Roberto (2009) A diez años de la huelga en la UNAM: el trasfondo económico. SES UNAM, http://www.ses.unam.mx/
Sotelo valencia, Adrián (2000) Neoliberalismo y educación. La huelga en la UNAM a finales de siglo. El caballito, México.
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